Sentencia A. 1906/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1906/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Procesos sobre nulidad o ineficacia del traslado pensional al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1906 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-5931

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de la misma ciudad

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

 I.            ANTECEDENTES

 

1.                 La acción judicial. El 28 de julio de 2021, Mario Martínez Silva formuló acción judicial en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones (en adelante, “Colpensiones”) y la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (en adelante, “Porvenir S.A.”). Como pretensiones solicitó: (i) “se declare la ineficacia del traslado” que realizó al Régimen de Ahorro Individual a través de Porvenir S.A.[1], conservando el régimen de transición al que tenía derecho; (ii) se declare que cuenta con los requisitos para “acceder a la pensión de vejez”[2]; (iii) se ordene a Porvenir S.A. “que proceda a trasladar a [Colpensiones], la totalidad de los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación”; (iv) se ordene a Colpensiones (a) “aceptar el traslado”[3], (b) “reconocer y pagar la pensión de vejez” con el correspondiente retroactivo, y (c) “liquidar la pensión de vejez […] con base en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993”[4]; y (v) se condene a Porvenir S.A. y a Colpensiones “al pago de los intereses moratorios estipulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”[5].

 

2.                 El demandante indicó que trabajó del 1 de enero de 1976 al 30 de junio de 1990 en “entidades del estado [sic] ocupando diferentes cargos”[6] y que realizó aportes a pensiones a la Caja de Previsión Municipal de Timbío, Cauca. Agregó que en diciembre de 1996 se trasladó al RAIS[7] mediante afiliación a Porvenir S.A y que actualmente la Rama Judicial -su empleador- continúa realizando a dicha administradora sus aportes a pensiones. Argumentó que se trasladó a este régimen pensional sin que se le informara de manera suficiente los efectos de esa decisión “al ser beneficiario del régimen de transición” y que tampoco “se le hizo proyección alguna acerca del capital necesario para pensionarse”[8]. Indicó que el 6 de septiembre de 2018 solicitó a Porvenir S.A. el reconocimiento de su pensión de vejez, solicitud que fue aprobada por una mesada pensional de $1.043.067. Señaló que no aceptó el reconocimiento pensional, al no estar de acuerdo con el monto de la mesada pensional. Adujo ser beneficiario del régimen de transición pensional y, en consecuencia, tener derecho a la pensión del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, con una mesada pensional aproximada de $7.296.611. Informó que, en noviembre de 2019, solicitó a Porvenir S.A. y a Colpensiones la ineficacia de su traslado y ambas entidades respondieron de manera negativa su petición.

 

3.                 Actuaciones y posición de la jurisdicción ordinaria. El conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado 9º Laboral del Circuito de Cali. El 23 de septiembre de 2021, se realizaron las audiencias dispuestas en los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS). Una vez surtido el trámite correspondiente, el juzgado declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y, en consecuencia, absolvió a las demandadas y litisconsortes necesarios de lo pretendido por el demandante. El apoderado del señor Martínez Silva interpuso recurso de apelación contra la decisión. El juzgado concedió el recurso en el efecto suspensivo y, por lo tanto, el expediente fue remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para que emitiera la decisión de segunda instancia.

 

4.                 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de auto del 3 de mayo de 2024, (i) declaró la nulidad del proceso desde el auto admisorio de la demanda por falta de competencia y (ii) ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Cali. Consideró que, de acuerdo con el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), es la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien debe estudiar los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”[9]. Agregó que, en este caso, “si bien, una de las pretensiones versa sobre la ineficacia del traslado de régimen pensional, la siguiente petición busca el reconocimiento de la pensión”[10], por lo que resulta relevante la calidad de empleado público que ostentó el demandante.

 

5.                 Posición de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El conocimiento del proceso fue asignado al Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Cali, el cual, mediante auto del 11 de septiembre de 2024: (i) declaró su falta de competencia para conocer del proceso, (ii) propuso conflicto negativo de jurisdicción con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y (iii) ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que resuelva el conflicto propuesto[11]. Señaló que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali fundamentó su falta de competencia en la existencia de una pretensión de reconocimiento pensional por parte de una persona que ostentó un cargo público, sin tener en cuenta que esta pretensión está sujeta al resultado de la declaratoria de la ineficacia del traslado. Adicionalmente, indicó que la Corte Constitucional, en autos como el 721 de 2023, ha sido clara en señalar que las demandas de ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

 

6.                 El 22 de octubre de 2024, conforme al reparto efectuado en reunión virtual del 18 de octubre del mismo año, el expediente fue entregado a la magistrada sustanciadora[12].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

1.            Competencia

 

7.                 La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.            Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

 

8.                 La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de la misma ciudad, la cual versa sobre la competencia para conocer de la acción judicial interpuesta por Mario Martínez Silva en contra de Colpensiones y Porvenir S.A. (párr. 1 supra). A dichos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer controversias judiciales relativas a ineficacias de traslados al RAIS (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra).

 

3.       Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

9.                 Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[13]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[14], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

10.             La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones:

 

10.1.      Satisface el presupuesto subjetivo porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (i) al Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Cali, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y (ii) al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que integra la jurisdicción ordinaria.

10.2.      Satisface el presupuesto objetivo puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la acción judicial interpuesta por Mario Martínez Silva en contra de Colpensiones y Porvenir S.A (párr. 1 supra), la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

10.3.      Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 4 y 5 supra).

 

4.       Reglas de competencia para conocer de controversias judiciales relativas a la seguridad social de los empleados públicos. Reiteración de jurisprudencia

 

11.             Competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. Según el artículo 12[17] de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción ordinaria conocerá de todos los asuntos que no estén asignados a cualquier otra jurisdicción. Por su parte, el artículo 2.4 del CPTSS señala que la jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer “[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. En tal sentido, respecto de las controversias relativas a los servicios de la seguridad social, existe una cláusula general y residual de competencia que opera cuando no hay una norma especial que atribuya el conocimiento de dichos procesos a otra jurisdicción[18].

 

12.              Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 104.4 del CPACA prevé que la jurisdicción de lo contencioso administrativo estudiará los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”. En consecuencia, las controversias en materia de seguridad social son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ante la concurrencia de dos factores: (i) la condición de empleado público del titular del derecho a la seguridad social en controversia y (ii) la naturaleza pública de la administradora del subsistema de seguridad social.

 

5.       Reglas de competencia para conocer de controversias judiciales relativas a ineficacias de traslados al RAIS

 

13.             Procesos judiciales en los que se solicita la declaratoria de ineficacia de traslados al RAIS. Los procesos judiciales que buscan la ineficacia de traslados del RPM al RAIS “por trasgresión al deber de información”[19], pretenden “la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado”[20], como consecuencia de la declaración judicial de su ineficacia. Esta eventual declaración tiene como efecto formal la desvinculación del demandante de la administradora privada de fondos de pensiones y, en consecuencia, su desvinculación del RAIS y la activación de la afiliación previa al RPM, hoy administrado por Colpensiones. Por lo tanto, para el momento en que se inicia el proceso judicial correspondiente, la administradora privada de fondos de pensiones es la que administra el régimen pensional del demandante, hasta la sentencia que eventualmente declare ineficaz la vinculación.

 

14.             La jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer las controversias judiciales relativas a ineficacias de traslados al RAIS. La Sala Plena, en el auto 406 de 2021[21], y el Consejo Superior de la Judicatura[22], han sostenido que los procesos en los que se discute la declaratoria de ineficacia del traslado del RPM al RAIS de un empleado público son competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. Esto, porque si bien se cumple con el primer factor para activar la cláusula especial de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo –condición de empleado público del demandante–, no se cumple con el segundo factor –naturaleza pública de la administradora–. En efecto, en estos casos, hasta tanto no se emita una declaración judicial de ineficacia de traslado de régimen pensional, la administradora de fondos de pensiones del afiliado es de derecho privado. De allí que sea aplicable la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, la cual habilita la competencia del juez laboral.

 

15.             Regla de decisión[23]. “La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social es la competente para conocer las controversias sobre nulidad o ineficacia de afiliaciones al RAIS, por cuanto el régimen de la seguridad social es administrado por una persona jurídica de derecho privado. En esa medida, no se cumple con uno de los requisitos establecidos por el numeral 4º del artículo 104 del CPACA, para efectos de asignar la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

 

6.       Caso concreto

 

16.             La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer el proceso judicial sub examine. La Sala Plena considera que la demanda interpuesta por Mario Martínez Silva en contra de Colpensiones y Porvenir S.A. debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. Esto, porque la pretensión principal del proceso judicial objeto del conflicto entre jurisdicciones es que “se declare la ineficacia del traslado” que realizó el accionante al Régimen de Ahorro Individual administrado por Porvenir. Adicionalmente, teniendo en cuenta lo señalado en la historia laboral emitida por Porvenir -la cual aportó el accionante en su demanda-, se encuentra acreditado que el accionante está afiliado formalmente al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad en esa entidad.  En tal sentido, la controversia objeto de la demanda sub examine se relaciona con una administradora privada de la seguridad social y, en consecuencia, deba darse aplicación a la cláusula general de competencia en materia de seguridad social.

 

17.              Por lo tanto, en aplicación de las cláusulas general y residual de competencia establecidas en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.4 del CPTSS, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y, por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-5931, para que ejerza su competencia en el trámite que actualmente se encuentra pendiente de resolución y para que comunique la presente decisión.

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Cali, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por Mario Martínez Silva en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

 

Segundo. - Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5931 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Cali.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con excusa

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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